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•EPN a los padres de Iguala: “Busquemos juntos la verdad” Caso Iguala: un recuento de corrupción e ilegalidad
El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto convocó a los guerrerenses a superar "el momento de dolor", por los hechos ocurridos en Iguala a pesar de haberlo mencionado once días después de la desaparición de los normalistas. |
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El pasado 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos (Escuela Normal Rural de Ayotzinapa) desaparecieron en el municipio de Iguala. Los estudiantes habían robado tres autobuses de la Central Camionera de Iguala en su intento por resguardarlos y utilizarlos para viajar a la Ciudad de México y participar en las protestas del 2 de octubre por la Matanza de Tlatelolco. De regreso a la escuela con los autobuses, los estudiantes hicieron que los choferes tomaran el anillo periférico de la ciudad. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF, entonces presidido por María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca Velázquez, aparentemente coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos. Abarca dio entonces órdenes de que los autobuses fueran detenidos y los estudiantes arrestados. La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores; sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses. Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para tratar de ayudar a los compañeros atacados en Iguala. Los normalistas fueron trasladados a la Central de la policía de Iguala y sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala. La policía de Cocula trasladó al grupo de detenidos a un paraje entre los límites de Iguala y Cocula y ahí fueron entregados al grupo Guerreros Unidos quienes los llevaron hacia la zona de Pueblo Viejo, una zona rural de Iguala, a unos 20 minutos de la población. Allí se encontraron nueve fosas comunes con 30 cuerpos calcinados. Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. Ese mismo día Abarca Velázquez solicitó licencia de 30 días y despareció de la ciudad con su esposa. La pareja fue detenida en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México el 4 de noviembre. Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dimitió el 24 de octubre ante la presión y las protestas a nivel nacional. El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos con la excepción de Alexander Mora, cuyos restos coincidieron con el ADN obtenido de sus familiares. El 8 de octubre Amnistía Internacional (AI) emitió ocho recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para que las autoridades a su cargo aceleraran la investigación. Asimismo, se llevó a cbao la primera Jornada de Acción Nacional e Internacional por Ayotzinapa: miles de personas marcharon en México y el mundo por los normalistas desaparecidos. Para el 16 de octubre aumentó la movilización estudiantil. Las principales universidades públicas del país amanecieron ese miércoles en paro de labores de 48 horas aprobado por las asambleas estudiantiles de 30 escuelas y facultades de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo. El 29 de octubre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos llegaron a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse en privado con el presidente Enrique Peña Nieto. Tras la reunión que duró unas 5 horas, los padres dijeron que no confían en las investigaciones del gobierno federal sobre el paradero de los jóvenes. Asimismo, el gobierno federal aceptó 10 compromisos relativos a la búsqueda de los jóvenes. El 7 de noviembre, familiares de los 43 estudiantes se reunieron nuevamente con el procurador Jesús Murillo Karam que les informó que tres integrantes de Guerreros Unidos confesaron haber ejecutdo un grupo de más de 40 personas entregadas por la policía de Iguala y Cocula. Las cenizas fueron arrojadas al Río San Juan y posteriormente recolectadas algunas muestras para estudios mitocondrialees a ser realizados en la Universidad de Insbruck, Austria. Cronología del 2015
14 de enero de 2015: la Procuraduría General anuncia que todas las líneas de investigación del caso Iguala se han agotado. Para las autoridades mexicanas el crimen está resuelto.
27 de enero: ante el clamor popular por las prisas para cerrar el caso, Murillo Karam vuelve a comparecer en rueda de prensa para presentar supuestas "pruebas" -- testimonios de detenidos-- que respaldan la teoría del basurero de Cocula.
1 de febrero: policías y miembros de Guerreros Unidos denuncian que fueron torturados para que confesaran su presunta responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.
7 de febrero: los forenses argentinos vuelven a desmontar la versión oficial. Los restos hallados en el río San Juan no pertenecen a ninguno de los estudiantes de magisterio.
27 de febrero: Murillo Karam es destituido y Arely Gómez, senadora del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), toma el relevo al frente de la Procuraduría General y de la investigación del caso Iguala.
15 de abril: los expertos de la CIDH revelan la existencia de un quinto autobús que hasta ahora no había aparecido en las pesquisas del Gobierno mexicano.
29 de julio: comienza el análisis de la ropa encontrada en el lugar de los hechos, ante la insistencia de los expertos independientes de la CIDH.
6 de septiembre: la CIDH desbarata la hipótesis de las autoridades mexicanas. Establece que los 43 'normalistas' no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula en las condiciones existentes el día de los hechos y denuncia graves irregularidades en la investigación oficial.
16 de septiembre: las autoridades mexicanas filtran a la prensa la posible identificación de otro de los estudiantes de magisterio, Jhosivani Guerrero de la Cruz.
17 de septiembre: los forenses argentinos determinan que la coincidencia genética no es lo suficientemente alta para hablar de identificación positiva de Guerrero de la Cruz.
25 de septiembre: Peña Nieto vuelve a recibir en Los Pinos a las familias de los jóvenes y anuncia la creación de una Fiscalía especial para resolver casos de personas desaparecidas.
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PGR publica en la web
expediente de Caso Iguala
La Procuraduría General de la República publicó en su sitio web oficial la versión de la averiguación previa de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
"Ejército no tuvo responsabilidad
en caso Iguala”: comisión especial
La diputada del PAN, Guadalupe Murguía, presidenta de la comisión legislativa en la Cámara de Diputados que da seguimiento a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, insistió en que el Ejército no tuvo responsabilidad durante la tragedia de Iguala, Guerrero.
A revisión, presencia de
sexto autobús en Caso Iguala
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo en el Senado que las 26 observaciones sobre el caso Iguala que formuló este organismo —la mayoría coincidentes con el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)—, serán revisadas en forma conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR), a partir de hoy, entre ellas las de llamar a declarar a más militares y la presencia de un sexto autobús en el lugar de los hechos.
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