Domingo Diciembre 16, 2018


 

Comunicar o deformar.- A propósito de la guerra mediática desatada contra el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia de la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, vale la pena reflexionar sobre las condiciones que privan en la relación Gobierno-medios.

Hasta hoy, en el gobierno del Presidente Peña Nieto, el manejo de la comunicación social es selectivo y privilegiado para unos cuantos medios y periodistas, que concentraron más del 50 por ciento de los cuantiosos recursos destinados a la promoción personal del Presidente y algunos otros funcionarios, antes que a estrictas campañas de Estado.

El dispendio publicitario de más de 44 mil millones de pesos en el sexenio ha sido tomado en cuenta por la entrante administración amlista, por lo que se ha anticipado que se reducirá a la mitad el gasto y se cambiarán radicalmente los criterios de asignación de recursos a los medios.

Se asegura que ya no se privilegiará el gasto de difusión en unos cuantos medios: Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Radio Centro, Reforma, Excelsior y Universal, entre otros, y muchos menos en las manos de periodistas de reconocida fama pero dudoso prestigio.

La difusión de los medios se convertía en simple caja de resonancia de los postulados del gobierno, antes que del ejercicio periodístico libre, crítico, analítico y veraz.

Por ende, el cambio de criterios para el otorgamiento de contratos de difusión se antoja indispensable pero no claro. Hasta el momento no se han revelado los criterios de selecciones de medios para la publicidad, aunque sí se sabe que deberán arrojar resultados más horizontales.

Si bien deben privar las mediciones sobre el público alcanzado para la determinación de los medios beneficiados, se deben incluirse otros criterios para dar una cobertura más equilibrada y redistributiva.

Finalmente la administración de López Orador no puede omitir que los medios también cumplen con una responsabilidad social y ella debe ser atendida por el gobierno.

SUSURROS

La operación cicatriz iniciada con los empresarios afectados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco por parte de López Obrador y su equipo económico se espera dé los frutos necesarios para acabar con la burbuja financiera que presiona al peso y a la bolsa a la baja.

Es necesario que el sector privado, con legítimas y obvias ganancias, participe con la administración pública en proyectos grandes y pequeños para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos.

La meta del siguiente gobierno es alcanzar un crecimiento de 4 por ciento anual, cuando el promedio de los últimos 35 años es de solo 2.5 por ciento.

No se puede olvidar que sólo con un crecimiento sólido y sostenido se podrá combatir la pobreza de 50 millones de mexicanos, y para ello es indispensable el concurso del empresariado nacional y extranjero.

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