Domingo Julio 22, 2018

Francisco CarmonaARTICULO

La crisis económica, el nuevo desafió para un gobierno sin credibilidad

Por Francisco J. Carmona Villagómez

En el primer mes del año el gobierno de México se enfrentó a una grave disyuntiva para enfrentar la crisis económica, que por su profundidad lo obligaría a realizar ajustes a la estrategia de crecimiento e inversión pública para este año, y le impediría seguir disimulando el impacto generado en las finanzas públicas por la disminución de los ingresos ante el ahondamiento de la especulación en el precio internacional del crudo, así como por una importante declinación de nuestras exportaciones petroleras. Si bien, se decía que el seguro de contingencia contratado cubriría una parte de la depreciación, lo cierto es que éste no puede garantizar en su totalidad la estimativa de los ingresos fiscales que se fijaron en el Presupuesto de Egresos; sobre todo, porque el declive en la producción también afecta los ingresos que por esta vía se tenían contemplados.

Frente a ello, algunos integrantes del grupo cercano al Presidente Enrique Peña Nieto plantearon como alternativa para no reducir el gasto público, solicitar una línea de crédito a los organismos financieros internacionales, con la finalidad de no alterar las expectativas de crecimiento trazadas y hacer factibles los proyectos de inversión que se tenían contemplados, tomando en cuenta que pudieran presentarse costos electorales para el PRI y una mayor caída en el respaldo ciudadano a su presidencia, si no se lograba un mejoramiento económico visible y el comienzo de obras de infraestructura que tuvieran un sello propio en el tercer año de gestión de esta administración.

Sin embargo, por el monto de los recursos solicitados, por el volumen que tiene la actual deuda pública y por la carencia de garantías para hacer frente a este nuevo endeudamiento, la banca internacional decidió no acceder -por el momento- a dicha solicitud, e incluso, manifestaron que una posible línea de crédito podría ser entregada a finales de este año o al inicio del siguiente, cuando, de persistir la baja en los ingresos, se requerirán con mayor urgencia; pero en esa ocasión, por parte de la banca se plantearían nuevos condicionamientos, no sólo por fijarse una tasa de interés más alta, sino por condicionarla a que ellos pudieran emitir recomendaciones a la política económica, fiscal y presupuestal de 2016, máxime que los ingresos petroleros, por las reformas realizadas el año pasado, ya no serían una garantía suficiente para la contratación de nuevos endeudamientos.

Por otra parte, la percepción de falta de gobernabilidad en el país no significa un aliciente para la inversión productiva y la atracción de capitales; por el contrario, diversos análisis generados por las consultoras de negocios y la prensa internacional prevén “un arranque lento y riesgoso para México”.

La visión global de nuestra situación económica y de gobernabilidad no ha sido favorable, tan es así que el propio Presidente reculó en asistir a los trabajos del Foro de negocios en Davos Suiza, por lo que prefirió mandar a representantes a ese encuentro, pensando quizás que podrían presentarse algunas críticas por la falta de esclarecimiento de los hechos en Iguala y la vigencia de los derechos humanos, que le significan dudas a su liderazgo, y que en esencia, contradicen lo ofrecido un año antes en esta localidad respecto a un clima favorable para los negocios.

Desde esa perspectiva, el presidente Peña Nieto se quedó sin argumentos válidos para hacer apetecibles en 2015 las reformas ofrecidas un año antes, no sólo en el escenario internacional, sino también en el ámbito nacional, ya que luego de la encerrona que tuvo con empresarios en la Ciudad de México, arreciaron también los cuestionamientos y la preocupación del sector por los riesgos económicos y la falta de credibilidad de las instituciones. El propio Lorenzo Servitje realizó un llamado a cerrar filas con el primer mandatario, manifestando que “veía al presidente en el momento más difícil y de mayor debilidad”, ya que para entonces había calado profundo en diversos ámbitos de la sociedad las aseveraciones que desde la prensa internacional como The Economist, se habían señalado.

Frente a una realidad económica distinta, también se empezó a cocinar una percepción de debilidad de las instituciones que orilló a cambiar de manera abrupta los planes trazados, porque desde el exterior México ya no era viable como negocio y las reformas económicas no era sustentables en el corto y mediano plazo; sobre todo, porque esta situación se sumaba a un ambiente de impunidad e ingobernabilidad por la vulneración de derechos humanos, la presencia latente de altos índices de criminalidad y polarización social y, la creciente percepción de corrupción que rodeaba al propio Presidente y sus colaboradores más cercanos.

Tomando en cuenta todos estos elementos, al equipo económico del Presidente, no le quedó de otra que reconocer que las expectativas de crecimiento económico para este año serían menores y que debían reducir el gasto público, particularmente, cancelar algunos proyectos de inversión como el tren que conectaría las ciudades de México y Querétaro. El margen de operación se achicó porque en un año electoral no era posible endurecer -aún más- la política fiscal con nuevos impuestos porque tendría costos políticos.

La reducción en el gasto pese a ser una medida responsable, fue mal recibida por una parte del sector privado, por ejemplo, al día siguiente, dos de los principales socios en la obra símbolo de esta administración, como es el aeropuerto internacional para la Ciudad de México, declinaron su participación conjunta en el proyecto, lo que poder ser interpretado como una crisis de confianza.

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